La SIP advierte sobre posible censura
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la nueva “Ley del ciberasedio” aprobada en Puebla, que podría limitar la libertad de expresión y fomentar la autocensura entre periodistas locales.
¿Qué establece la ley?
La reforma al Código Penal define el “ciberasedio” como el acto de usar tecnologías digitales —redes sociales, correo electrónico u otros espacios digitales— para insultar, ofender o vejar a una persona de forma insistente, causando daño emocional o físico. Las penas por este delito van de 11 meses a tres años de prisión.
Preocupaciones sobre la censura
La SIP señala que esta ley podría ser usada para censurar críticas legítimas, denuncias periodísticas o testimonios incómodos. Un punto crítico es que permite a empresas y plataformas digitales eliminar contenido solo con una solicitud, sin orden judicial ni revisión independiente.
La vaguedad en términos como “insulto” u “ofensa” puede fomentar la autocensura, afectando la pluralidad informativa y la memoria colectiva.
Reacciones de expertos
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que la ley podría institucionalizar la censura sin debate público ni defensa posible.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, señaló que la iniciativa pone en riesgo el derecho de la sociedad a informarse y debatir, al eliminar información incómoda del espacio público.
Cumplimiento y debate legal
La reforma contraviene principios internacionales de libertad de expresión, como los establecidos en la Declaración de Salta II, que exigen regulación clara, revisión judicial independiente y respeto a derechos humanos.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, convocó a foros para analizar la ley, publicada el 14 de junio de 2025 y vigente desde el día siguiente. Sin embargo, la presidenta del Congreso local afirmó que la normativa se mantendrá.
Antecedentes y objetivos de la ley
La “Ley de Ciberseguridad” o “Ley del ciberasedio” fue aprobada el 12 de junio de 2025, con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Busca combatir delitos digitales como ciberacoso, espionaje digital, usurpación de identidad y ciberasedio, enfocándose en proteger especialmente a menores frente a la violencia digital.